Y eso… ¿también es robar?


Los Mandamientos, continuación……

Del Séptimo mandamiento

Ricardo Sada Fernández

 

¿Resulta lícito escamotear los impuestos al fisco? ¿Es inmoral que un padre angustiado robe la medicina para su hijo moribundo? ¿Es pecado que un empleado saque ocultamente copias fotostáticas de la empresa en que trabaja, si todo mundo lo hace? Cuando una mujer encuentra un anillo de esmeraldas y nadie lo reclama, ¿puede quedarse con él? ¿Es pecado comprar casimires a un precio de ganga si se sospecha que son robados?.

El séptimo mandamiento de la ley de Dios dice: “No robarás”, y parece un mandamiento muy claro a primera vista. Mas luego se nos presentan las excepciones y los considerados, y el asunto se complica.

Para empezar diremos que el séptimo mandamiento nos exige vivir la justicia. Ésta se define como la virtud moral que lleva a dar a cada uno lo que le es debido, lo suyo. Puede violarse de muchas maneras. En primer lugar, por el pecado de robo, que se llama hurto cuando se toman los bienes ajenos ocultamente, o rapiña si se toman con violencia y manifiestamente.

Robar es tomar o retener una cosa ajena, contra la voluntad razonable del dueño. “Contra la voluntad razonable del dueño” es una aclaración importante, porque si esa voluntad es irrazonable, no sería pecado. Por ejemplo, la esposa puede sustraer de la cartera del marido el dinero para la manutención de la familia, si éste se niega a dárselo para gastarlo en francachelas. O también, es irrazonable rehusar dar a alguien algo que necesita para salvar su vida, pues la vida es más importante que la propiedad. Así, el hambriento que toma un pan, no roba. El individuo que toma una bicicleta para librarse de unos malhechores que amenazan su vida o su integridad física, no roba.

La definición distingue también robar de tomar prestado. Si mi hermana no está en su casa y le tomo de la cocina unos utensilios que necesito para la cena de esta noche, sabiendo que ella no pondría objeciones, está claro que no robo. Pero está igual de claro que es inmoral tomar prestado algo cuando sé que su propietario pondría dificultades. Sería el caso, por ejemplo, del adolescente que ocultamente toma dinero “prestado” del bolso de su madre, aunque piense devolver algún día ese “préstamo”.

Es muy posible que el fraude sea el tipo de robo más frecuente en la actualidad, y desgraciadamente son muchos los que lo pasan por alto con ligereza. En ocasiones se le da una auténtica carta de ciudadanía: “es que todos lo hacen”, o “si no, no hay forma de avanzar en los negocios”. El fraude une el robo y el engaño, la injusticia y la mentira. Pretende obtener un bien ajeno a través de engaños y maquinaciones. Se puede cometer de muchas maneras: incumpliendo las especificaciones del contrato de construcción, ocultando defectos de la mercancía, falsificando documentos, engañando en el peso de la balanza o “bautizando” a la leche. Otra forma de fraude la realiza el obrero que ejecuta mal los trabajos, o desperdicia el tiempo o los materiales de la empresa. Y es fraude, en fin, la actitud del patrón que, aprovechando la necesidad o el exceso de mano de obra, rehusa pagar los salarios justos diciendo: “al fin, si no te gusta trabajar aquí, vete a otro lado”.

La problemática se complica cuando aparece el Estado, representado en ese temible enemigo: el fisco. Ser justo a la hora de pagar o de evadir impuestos es un asunto complejo y envuelve un círculo vicioso: la administración exagera los tributos para compensarse del fraude; los contribuyentes falsifican sus declaraciones para defenderse del fisco. Además, no raramente la recaudación no es destinada, al menos en su totalidad (campañas antinatalistas, corrupción, dispendio, etcétera), para los fines propios del Estado.

En vista de la complejidad del tema anterior, sólo es posible señalar los principios generales por los que hemos de guiarnos. Son éstos: a) la autoridad tiene perfecto derecho a imponer tributos con los que atender los gastos públicos y promover el bien común; b) las leyes que determinan impuestos justos obligan en conciencia; c) si los tributos fueran manifiestamente abusivos, en la parte que excedieran de lo justo no obligarían, así como tampoco aquellas contribuciones que no son destinadas a los fines propios del Estado.

Estaremos de acuerdo en que determinar esos porcentajes no es sencillo, y será por ello conveniente no limitarse a juzgar por el propio criterio sino acudir a un buen sacerdote (y quizá también a un buen fiscalista), antes de ver la forma de eludir lo injusto. Pero sin olvidar que un fin lícito nunca justifica medios ilícitos: no podemos mentir. Ni siquiera al fisco.

Precaución especial han de tener, por su parte, los funcionarios públicos para no fallar en la justicia. ¿Será lícito aceptar este regalo, o comprar los terrenos por donde sé que pasará la futura carretera? Los funcionarios públicos son elegidos y pagados para ejecutar las leyes y administrar los asuntos públicos, con imparcialidad y prudencia, para el bien común de todos los ciudadanos. Un empleado público que acepte sobornos -por muy hábilmente que se disfracen- a cambio de favores políticos, traiciona la confianza de sus conciudadanos que lo eligieron o designaron, y atenta contra la justicia. También quien exige regalos o “cuotas” de sus subordinados, peca contra esa virtud.

Precisaremos dos modalidades contra la justicia que completan el cuadro de los pecados más comunes contra el séptimo mandamiento. La primera consiste en aceptar bienes que se sabe que son robados, tanto si los compramos como si nos los regalan. Una sospecha fundada equivale al conocimiento en este respecto. A los ojos de Dios, quien recibe bienes robados es tan culpable como el ladrón. La segunda cuestión por aclarar se refiere a objetos hallados. Quien los encuentra tiene que hacer un esfuerzo razonable para localizar al propietario. La medida de este esfuerzo (averiguar y anunciar) dependerá, claro está, del valor del objeto; y el propietario, si aparece, está obligado a reembolsar al que lo encontraron todos los gastos que le hayan ocasionado sus averiguaciones.

 

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Restituir lo adquirido injustamente


Sobre el Séptimo Mandamiento

Ricardo Sada Fernández

Cualquier injusticia trae consigo la obligación de restituir, es decir, de reparar los perjuicios causados por lo que hemos adquirido o dañado injustamente. El auténtico arrepentimiento de los pecados contra el séptimo mandamiento debe incluir siempre la intención de restituir tan pronto sea posible (aquí y ahora si se puede) todos los efectos causados por nuestra injusticia.

Si faltara en quien se confiesa de robo este propósito, no podría recibir de modo válido el sacramento de la penitencia. Si el pecado ha sido mortal y el ladrón o estafador muere sin haber hecho ningún intento para restituir aun pudiendo hacerlo, muere en estado de pecado mortal. Ha malbaratado su felicidad eterna cambiándola por ilícitos beneficios económicos.

¿Y también los pequeños hurtos? Incluso ellos: los pecados veniales de injusticia no pueden perdonarse si no se restituye o no se hace el propósito sincero de restituir. Quien muere con pequeños hurtos o fraudes sin reparar, comprobará que el precio de sus bribonerías le costará en el Purgatorio mucho más caro que lo obtenido con sus injustas ganancias. Y será bueno mencionar de pasada que los pequeños hurtos pueden constituir un pecado mortal si se da una serie continuada de ellos en un breve lapso de tiempo, de modo que su total sea considerable. Un lechero que diariamente ponga un poco de agua a la leche que vende será reo de pecado mortal cuando el importe total alcance a ser materia de consideración.

Existen algunos principios fundamentales que regulan las obligaciones de la restitución. El primero de ellos es que la restitución debe hacerse a la persona a quien se robó, o a sus herederos si ya está muerta. Y, en el caso de que sea imposible localizar al afectado -por ejemplo, si se roban neumáticos de coches en una gran ciudad-, se aplica otro principio: la restitución deberá hacerse entonces dando los beneficios ilícitos como limosna, a los pobres, a la iglesia, a las misiones o a cualquier labor de beneficencia.

No es imprescindible que el que restituye dé a conocer su fechoría y arruine con ello su reputación; puede restituir anónimamente, por correo, por medio de un tercero o por cualquier otro método que proteja su buen nombre. Tampoco se exige que una persona se prive a sí misma o a su familia de los medios para atender las necesidades ordinarias de la vida para lograr esa restitución. Sería una actitud deplorable gastar en lujos o caprichos sin hacer la restitución, comprando, por ejemplo, una televisión o un perfume francés. Pero esto tampoco quiere decir que estemos obligados a vivir a pan y agua, y a dormir a la intemperie hasta que hayamos restituido.

El siguiente principio es que debe devolverse lo mismo que se robó, si esto es posible. Debe devolverse también cualquier otra ganancia natural que hubiera resultado de ese objeto robado; los huevos, por ejemplo, si lo que se robó fue una gallina. Solamente cuando ese objeto ya no exista o esté estropeado sin posible reparación, puede hacerse la restitución entregando su valor en metálico.

Con lo ya expuesto hasta aquí podemos tener una idea de lo complicadas que, a veces, pueden resultar las cuestiones de la justicia. Por eso, no debe sorprendernos que incluso el sacerdote tenga que consultar con especialistas, o repasar sus libros de teología en estas materias, cuando se le hagan planteamientos al respecto.


¿Por qué es pródigo el hijo en la parábola?

En cierta ocasión pregunté por qué se le daba el adjetivo de “pródigo” a ese hijo al que se refiere Jesucristo en la hermosísima parábola que San Lucas recogió en su Evangelio. Me contestaron que se le llamaba así porque el hijo se había arrepentido y había vuelto a la casa de su padre. Entonces, pregunté, ¿por qué no se le llama el hijo contrito o arrepentido? Y es que se le dice pródigo por haber gastado el dinero paterno de modo vano, derrochándolo; es decir, por haber caído en el vicio de la prodigalidad.

El décimo mandamiento se refiere a la actitud interior hacia los bienes materiales, así como el séptimo mandamiento hace referencia más bien al hecho externo y objetivo. Dios nos pide en el último de sus preceptos que nuestro corazón esté libre de cualquier atadura a lo material, pues sólo así podemos amarlo a Él con la plenitud que nos pide. Dios creó las maravillas de este mundo para que nos ayuden a conseguir la propia perfección humana y espiritual, no para que nos la impidan.

Ejercitando la virtud llamada liberalidad vivimos el décimo mandamiento. Esta virtud está situada entre dos extremos viciosos, por un lado la avaricia (amor desordenado a lo material), y por otro la prodigalidad, que como dijimos es el despilfarro, la ostentación y gasto en lo superfluo. A su vez, la avaricia puede adoptar las modalidades de codicia (deseo de acumular más, y más, y más…), y la tacañería (no hacer los gastos razonables, o hacerlos a regañadientes).

Muy posiblemente las esposas pondrían a sus maridos en esta última clasificación. A los maridos, en cambio, les parecería que sus esposas incumplen el décimo mandamiento por gastar irracionalmente, sin cuidado ni medida: “la esposa pródiga”. Lo cierto es que todos debemos vivir desprendidos, ser “pobres de espíritu”, pues las advertencias de Jesús son muy claras: “no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero” (Mt. 6, 24); “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos” (Lc. 18, 25).

Quizá nos ayude a tener una mejor conceptualización de este precepto recordar enseñanzas de Juan Pablo II y de la Tradición de la Iglesia. En su Encíclica Sollicitudo rei socialis (num. 42), el Papa nos presenta dos postulados para nuestra reflexión:

– “Los bienes de este mundo están originalmente destinados a todos. El derecho a la propiedad es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio”.

– “Sobre cada bien particular grava una hipoteca social, es decir, posee como cualidad intrínseca, una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes”.

El pródigo no tiene en cuenta que, respecto de Dios, no es dueño de su fortuna, sino el administrador; y que, aun en el supuesto de haber cumplido todos sus deberes de caridad y justicia, no puede proceder a su antojo con lo que tiene, sino que debe atender al destino primordial de los bienes terrenos. Y los bienes terrenos son, en su origen, para todos los hombres.

Por eso ya desde la antigüedad, los Santos Padres enseñaron que “lo que a ti te sobra, pertenece a otro”. Dios ha dispuesto, en su Sabiduría infinita, que el progreso humano haga posible en cada época que todo hombre tenga, a partir del trabajo y la explotación del universo físico, lo necesario para una vida digna. Pero el acaparamiento excesivo, lo superfluo, y el dispendio tienen siempre razón de injusticia: “el pan que tú guardas pertenece al hambriento. Los vestidos que tienes en tu cofre, al desnudo. El calzado que se pudre en tu casa, al descalzo. El dinero que atesoras, al necesitado” (San Basilio, Homilía sexta, PG 31, 277).

El Séptimo Mandamiento


Aurelio Fernández

Un sector de la filosofía moderna define al hombre como «un-ser-en-el-mundo (Heidegger). Con ello se quiere afirmar que la mundanalidad es un elemento constitutivo del ser humano: el hombre hace relación al mundo, en él vive y desarrolla su existencia. Pero para la persona humana el «mundo» no es solo la plataforma en que habita, sino la serie de cosas, de ideas y de realidades que lo constituyen. Sobre todo, la realidad «mundo» integra el conjunto de hombres y mujeres con los que se convive: es un mundo de personas y de relaciones personales. De este modo, la persona humana logra desarrollar su existencia en un ambiente extremo a su ser, pero que le enriquece y le abre a una inmensa gama de posibilidades.

La persona humana necesita esa serie de realidades y las usa para el desarrollo armónico de su vida. Sin cosas, sin instrumentos, la vida del hombre y de la mujer estaría muy limitada. Por ello, la persona accede a las cosas, las usa y se posesiona de ellas, pues, como ser inteligente y libre, necesita tenerlas como suyas, tanto para su uso, como para prever el futuro personal y el de su familia. Sobre todo, la persona humana necesita de la convivencia con los demás pues vivir es «con-vivir», de este modo el individuo desarrolla el sentido social del que está dotado por naturaleza.

En el Séptimo Mandamiento se estudian una serie de temas relacionados con el uso de las cosas y con la vida del hombre en sociedad, tales como la propiedad privada de bienes, la justicia en el reparto equitativo de las posesiones que Dios ha creado para el uso de todos los hombres, la injusticia en la lesión de derechos y en el cumplimiento de los respectivos deberes, la justa convivencia social, la participación del cristiano en la vida pública, etc. Un conjunto de cuestiones que derivan de la condición mundanal del ser humano.

«No hurtarás»

Con la misma contundencia con que Dios prohíbe las malas acciones en los mandamientos ya estudiados, también el contenido de este se formula de modo negativo. El Éxodo lo enuncia con esta rotunda sentencia: «No robarás» (Ex20,15). Y el Deuteronomio repite, lacónicamente, el mismo sintagma (Dt 5,19).

Ya en la descripción del origen del mundo., el Génesis narra cómo la creación de Adán y Eva fue precedida de la aparición de las demás criaturas, incluidos los animales. Y Dios crea la primera pareja humana «para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra» (Gn 1,26). Este mandato se repite en los versículos siguientes, en los que Dios añade la finalidad de ese dominio del hombre sobre los demás seres creados: «para que os sirva de alimento» (Gn 1,29-30).

En la narración del capítulo segundo del Génesis, Dios encomienda al hombre el desarrollo y el cuidado de todo lo creado: «El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara» (Gn 2, 15) .Y más adelante, con el fin de mostrar al hombre el dominio que ha de ejercer sobre todo lo creado, Dios hizo pasar delante de él «todos los animales del campo y todas las aves dei cielo para ver como el hombre los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él le hubiera impuesto» (Gn 2,19-20). Como es sabido, «poner el nombre», en lenguaje bíblico, significa dominio y posesión: el hombre es, pues, el señor de la creación.

Se impone formular una consecuencia: la revelación cristiana establece una íntima relación entre el hombre y las cosas: éstas son destinadas al servicio del hombre y éste tiene la misión de desarrollar el conjunto de realidades que se integran en el mundo con el fin de protegerlas. En esa extraordinaria armonía, según la Biblia, se encuentra la persona humana y la entera creación. El hombre puede poseer cosas y tenerlas como suyas, por lo cual este derecho debe ser respetado por todos. Precisamente, el robo significa violar este derecho; o sea, es «tomar lo ajeno contra la voluntad de su dueño», tal como se define la acción de robar.

Pero en la predicación de Jesús la relación hombre-cosas recibe una nueva y más profunda interpretación. En efecto, la reforma del Decálogo en el marco del Sermón de las Bienaventuranzas, Jesús prescribe el uso moderado de las cosas y advierte acerca del riesgo de poseerlas: “No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen y donde los ladrones horadan y roban”. Y concluyo aquel largo discurso sobre el uso de los bienes con esta seria advertencia: «Nadie puede servir a dos señores, pues o bien, aborreciendo a uno, amara al otro, o bien, adhiriéndose al uno menospreciara al otro. No podéis servir a Dios ya las riquezas» (Mt 6,10~24). Seguidamente, el Señor enseña como cuidar y preocuparse de los bienes materiales (Mt 6,25-34).


El destino universal y la propiedad de los bienes

El simple relato de la creación del hombre en medio de tantos bienes materiales, indica que el conjunto de cosas creadas tiene un destino muy concreto: el servicio a la persona. En efecto, en virtud del derecho de propiedad que les es natural, cada hombre y cada mujer pueden disponer y apropiarse de los bienes creados, dado que esa es la finalidad señalada por Dios. Todos los bienes creados están al servicio de todos los hombres.

Ahora bien, la historia de la humanidad muestra la ruptura de esta armonía, y la crónica de los pueblos confirma que muy pronto se rompe este plan primigenio. Las causas de esa desigualdad en la posesión de los bienes han sido múltiples y variadas. Posiblemente, se entremezclan el trabajo de unos y el ocio de otros, la rapiña de algunos y el regalo con gestos honrosos, el robo descarado y la gratuidad de las donaciones, la injusticia en el reparto y la herencia debida, el ahorro y el despilfarro, etc. Sin embargo, el resultado final de este cruce de gracia y de pecado es una situación, que en la historia social de los distintos tiempos y civilizaciones, es radicalmente injusta, pues, como enseñan de continuo los Papas, se dan flagrantes injusticias sociales que contradicen abiertamente el plan inicial de Dios. Juan Pablo II sentencia: “Este es el cuadro: los pocos que poseen mucho y los muchos que poseen poco o nada” (SRS 28).

Frente a las grandes desigualdades sociales y las injusticias que existían en los diversos pueblos de la humanidad, tal como testifica la historia, consta que en Israel esas diferencias entre ricos y pobres era menos marcada. Muchas leyes velaban por el bienestar común, tales como la defensa del asalariado (Dt 24,14-15); la prohibición de prestamos con interés (Ex 22,24-25); la protección a los huérfanos y alas viudas (Ex 22,21-23); la atención a los extranjeros y transeúntes (Ex 22,20), etc. y sobre todo las leyes que regulaban el derecho de propiedad, como la del «año sabático» (Ex 23,10-11 ; Lev 25,1- 7) y el «año jubilar» (Lev 8-17). Estas disposiciones evitaron que en Israel se acumulasen grandes fortunas e incluso, después de que estas leyes perdieron vigencia, el espíritu que las había animado ayudó a cortar distancias entre pobres y ricos.

En el Nuevo Testamento no existe una normativa tan fija, pero la enseñanza de Jesús sobre el riesgo de las riquezas y la práctica del mandamiento nuevo del amor ayudó a que entre las primeras comunidades cristianas se diese una generosa comunicación de bienes (Hech 4,32); los escritos de los apóstoles abundan en condenas de la avaricia y de la codicia (CoI3,5; 1Tim 6,17); se hacen colectas para ayudar alas iglesias que padecían penuria económica (2 Cor9,1-13). Tampoco escasean los textos en los que se condenan las injusticias en las primeras comunidades (Sant 2,2-4).

Esta misma enseñanza se repite reiteradamente en los escritos de los Santos Padres, que salen al paso de las diferencias sociales que tienen vigencia en la sociedad de la época. Los testimonios son muy abundantes. Baste citar un texto de Lactancio, el cual expone con rigor la doctrina católica sobre la propiedad privada y la función social de la propiedad:

«Dios entregó la tierra en común a todos los hombres con el designio de que gozasen todos de los bienes que produce en abundancia, no para que cada uno, con avaricia furiosa, vindicare para sí todas las cosas, ni para que alguno se viese privado de lo que la tierra producía para todos. Sin embargo, no debe entenderse que entonces no existiese absolutamente ningún bien privado. Cuando los poetas dicen que todas las cosas eran comunes, usan de una expresión figurada para poner de manifiesto la liberalidad de los primeros hombres, que lejos de encerrar y guardar avariciosamente para sí solos los frutos de la tierra admitían a los pobres a la participaci6n en común de los frutos de su propio trabajo»1.

Pero la doctrina acerca de la función social de la propiedad es un tema que se aborda con mayor rigor en los escritos de los Papas de los últimos años. Esta enseñanza es uno de los puntos centrales de la Doctrina Social de la Iglesia y se encuentra en numerosos textos de los Papas desde León XIII hasta Juan Pablo II.2

La virtud de la justicia

«Justicia es el habito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho»3. Es decir, es la virtud que demanda y exige que se de a cada lo que le corresponde.

El objeto del ajusticia es el derecho. Es decir, porque existen derechos, es obligado que se respeten Este es el objetivo de la justicia. En realidad, el termino latino «iustitia» deriva de la palabra «ius», que significa «derecho», por lo tanto, incluso etimológicamente, primero es el derecho y después viene la justicia.

La justicia hace relación a otro, por ello se relaciona con un tercero, es una virtud de «alteridad»: nadie es justo consigo mismo.

La justicia supone también una objetividad, es decir, que se respete la «equidad» entre las personas. Asimismo, la justicia entraña una obligatoriedad; o sea, origina un «debitum» que debe ser respetado y cumplido, de lo contrario se comete una «in-justicia», por lo cual se deberá una reparación.

Para que se cometa una injusticia se requiere que quien en la padece no la quiera sufrir, pero, si accede, no se comete injusticia alguna conforme al adagio jurídico: «al que sabe y consiente no se la hace injuria». Tal puede ser el caso de los padres, pues consienten ante ciertas acciones injustas de los hijos. Existen tres clases de justicia: conmutativa, distributiva y legal:

a) Justicia conmutativa es la que rige las relaciones de los individuos entre si. Por eso es importante que exista un sistema jurídico y un ejercicio de la justicia conforme a derecho para que los jueces y los tribunales diriman equitativamente los conflictos que surjan entre los ciudadanos. La mayor degradación de la sociedad es cuando se corrompe la justicia.

b) Justicia distributiva es la que regula las relaciones de las gobernantes con los súbditos. Un gobierno es justo cuando «distribuye» equitativamente los bienes y las cargas entre sus súbditos. De ahí la importancia de las leyes tributarias y de las sesiones parlamentarias en las que se discute y vota el «Presupuesto Nacional».

c) Justicia legal es la que mide las relaciones de los súbditos con el Gobierno y el Estado. Los ciudadanos tienen obligación en conciencia de cumplir las leyes justas. Como los Estados modernos frecuentemente legislan sobre aspectos de la vida que derivan de la ley natural, si emiten leyes injustas, no hay obligación de cumplirlas, conforme al principio: «La ley injusta no es ley».

A estas tres clases de justicia, ya clásicas, cabe añadir la «justicia social», que ha cobrado relieve a partir del siglo XIX con el nacimiento de los grandes problemas sociales que se iniciaron con la revolución industrial. No es fácil definirla pues disienten los diversos autores, pero cabe explicarla como aquella justicia que considera los derechos y deberes de los ciudadanos en el ámbito de la convivencia social, política y económica.

El fundamento de la «justicia social» es la dignidad de la persona humana. Esta dignidad demanda el reconocimiento de la igualdad radical de todos los hombres y, al mismo tiempo, reconoce las desigualdades funcionales (autoridad-súbdito; inteligente-torpe; trabajador-holgazán, adulto-niño, hombre-mujer, etc.). Pero cuida de que el conjunto de la vida social se dirija al bien de todos, o sea el llamado «bien común»4.

El «bien común» se define en los documentos del magisterio como el conjunto de aquellas condiciones sociales que permiten al individuo, a la familia y alas asociaciones intermedias la consecución de sus respectivos fines (MM 147 -148; PT 60; GS26, etc.). El «bien común» es aquella atmósfera social que permite a la persona, individual o asociada, adquirir su propia perfección. El «bien común» entra en la definición de la justicia, de la autoridad y de la ley. Ello indica el alcance de una recta comprensión de este importante concepto de la moral social. En el «bien común» se integran una serie de valores tanto materiales (bienes de consumo, sanidad, medios de comunicación, recto funcionamiento de los servicios, etc.), como espirituales (cultura, leyes justas, valores éticos, religión, etc.).

La virtud y la solidaridad social

El «bien común» mira, pues, a la totalidad de la persona (no solo al aspecto económico), pero tampoco contempla exclusivamente al individuo y a la familia, ni siquiera se agota en la sociedad en que se vive, si no que abarca el «bien común» entre todas las naciones. A la vista de que las relaciones internacionales se extendían cada vez más, Pío XII inicia un magisterio acerca del «bien común» entre todos los pueblos:

«El genero humano, aunque, por disposición del orden natural establecido por Dios, esta dividido en grupos sociales, naciones y Estados, independientes mutuamente en lo que respecta a la organización de su régimen político interno, está ligado, sin embargo, con vínculos mutuos en el orden jurídica y en el orden moral y constituye una universal comunidad de pueblos, destinada a lograr el bien de todas las gentes y regulan las leyes propias que mantienen su unidad y promueven una prosperidad siempre creciente»5.

Posteriormente, los papas se ocuparon frecuentemente del tema. Juan XXIII fundamenta el bien común internacional en el hecho de que la dignidad del hombre es igual en todas las naciones (PT 139). El Concilio Vaticano II parte del designio divino de constituir la familia humana, que abarca el conjunto de la humanidad (GS 24).

Pero es Juan Pablo II, el que a la vista de la internalización de las relaciones humanas a todos los niveles, proclama de continuo la cooperación entre los diversos pueblos y naciones. En la Encíclica «Sollicitudo rei socialis», el Papa consagra el término «solidaridad», que también apela como «internacional», o sea, una solidaridad entre las naciones:

«Ante todo se trata de la interdependencia, percibida coma sistema determinante de relaciones en el mundo actual, en sus aspectos económico, cultural, político y religioso, y asumida cómo categoría moral. Cuando la interdependencia es reconocida así, su correspondiente respuesta, como actitud moral y social, y como «virtud», es la solidaridad. Esta no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse en el bien común; es decir; por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en fa firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afín de ganancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado» (SRS 38).

La solidaridad internacional es la respuesta ética y moral a la globalización, que cada día abarca más aspectos de la vida de los pueblos: la economía, el comercio, las ideas, la cultura, etc. La «globalización» es éticamente admisible si se convierte en una «globalización compartida»6.

En este campo el cristianismo tiene mucho que aportar, dado que la moral cristiana enseña que la justicia debe ser completada con el ejercicio de la caridad. Y esta es, precisamente, una virtud específica de la fe cristiana. A este respecto, un santo de nuestro tiempo, que defendía el ejercicio de la justicia, afirmó que «la caridad es como un generoso desorbitarse de la justicia»7.

La injusticia y la reparación

Como queda dicho, la virtud de la justicia requiere “dar a cada uno lo suyo” por lo que, si se lesiona, se comete una injusticia y, en consecuencia, se exige la reparación debida. Quien comete injusticia, además de confesarse del pecado cometido, está obligado a restituir. Si se trata de un bien espiritual -como puede ser la fama-, es preciso hacer lo posible para repararla. Si se trata de bienes materiales, se debe restituir la cantidad sustraída o lo equivalente al daño causado. Como enseña san Agustín: «No se perdona el pecado a quien parece que se arrepiente de su robo, pero, pudiendo, no devuelve lo robado»8.

Las razones que demandan la restitución son, fundamentalmente, dos: la injusta retención de lo ajeno con el consiguiente lucro personal y el daño ocasionado -la «injusta damnificación»- al prójimo, aunque no se haya obtenido ganancia personal alguna.

También se puede pecar colaborando tanto al hurto como a la injusta damnificación. En ambos casos los colaboradores pueden estar obligados a restituir según la diversa forma en que participaron en la injusticia.

Como es lógico, la casuística que se presenta es muy variada y el campo al que se extienden los deberes de restituir son numerosos y en ocasiones difíciles de precisar.

Primero, se ha de distinguir el tipo de violación de la justicia, según se trate de la sustracción de algo ajeno, o sea el robo o de la injusta damnificación, por la que se daña a la persona.

Existen muchas formas de apropiarse de lo ajeno: hurto (sin violencia), robo (con violencia en las cosas o en las personas), apropiación indebida (quedándose con lo entregado, por ejemplo, en depósito), estafa (haciéndose entregar las cosas con engaño) malversación de caudales públicos que tiene una gran influencia en la moralidad pública, etc.

En cuanto a la injusta damnificación, el daño puede afectar a los bienes de la persona, a su fama o a otras diversas realidades a las que tiene derecho; por ejemplo, ganar unas oposiciones, ejercitar la profesión, obtener unos justos beneficios, etc.

Si se trata de robo, se debe restituir lo robado y, en caso de injusta damnificación, se ha de buscar el modo de compensarle de acuerdo con el mal causado. Para que haya obligación de restituir se requiere que la damnificación haya sido voluntaria, pues en ocasiones se causa por error o accidente. En todo caso, se ha de atender alas leyes justas de cada nación, tal ocurre, por ejemplo, con los accidentes de tráfico.

Como es lógico, contra la justicia se puede pecar grave o levemente. Esta distinción es válida también respecto a la restitución. No siempre resulta fácil calificar la gravedad de un pecado de injusticia. El criterio para medir la malicia moral se mide principalmente por la magnitud objetiva del daño causado: no es lo mismo el robo de una cantidad de dinero a una persona o entidad rica, que a quien se le sustrae lo necesario. No obstante, por exigencias de moralidad publica, ciertas cantidades siempre se consideran materia grave, aunque se substraigan al Estado.

Dado que en la actualidad la inmoralidad en estos temas es considerable y que se ha perdido el sentido y la obligación de restituir, cuando se ha cometido una injusticia, los cristianos deben consultar acerca de esta obligación. En todo caso, el Catecismo de la Iglesia Católica enuncia algunas circunstancias:

“En virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario (…). Los que, de manera directa o indirecta, se han apoderado de un bien ajeno, están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir, en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera en el robo, o se han aprovechado de el a sabiendas: por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto” (CEC 2412).

El respeto a la Creación

Como se ha dicho mas arriba, la totalidad de los seres creados están a! servicio del hombre: El hombre y la mujer pueden disponer de la naturaleza y de los animales para su uso y servicio. Ahora bien, el hombre no es dueño absoluto de los seres creados, sino sólo su administrador. Más aún, según se expresa el Génesis, el en cargo hecho por Dios se concreta en dos misiones, que vienen fijadas por los dos verbos muy concretos: desarrollar y proteger.

Con el término «desarrollar» se quiere significar que, concluida la creación, Dios se la entrega al hombre y a la mujer para que desentrañen las inmensas posibilidades que encierra la obra creada. Es como si Dios hubiese finalizado la creación «en bruto» y se la entregase al hombre para que la perfeccionase. Aquí cobra importancia el trabajo humano. El hombre, mediante su actividad, prolonga el séptimo día de la creación, y de este modo se convierte en con-creador con Dios.

Asimismo, el verbo «proteger» indica la obligación impuesta al hombre de cuidar de la creación. De ahí las exigencias éticas de la ecología. En consecuencia, el hombre puede «usar» de la creación, pero no debe «abusar», destruyéndola.

El tema de la ecología entra as! en el campo de la moral católica. «Ecología» deriva del griego «oikos», que significa «hogar» o «patrimonio». Como parte de la ciencia moral, la ecología trata de la obligación que tiene el hombre de cuidar el mundo, que es la «casa» donde habita y que representa el «patrimonio» común de todos los hombres. Por eso la moral cristiana reprueba todo abuso de la creación y condena los daños que se originan para la presente generación y sobre todo para la futura. El Magisterio se ha ocupado ampliamente el tema9

La justicia tributaria

La condición social del hombre y los principios de la justicia distributiva y legal demandan que todos los ciudadanos, cada uno en la medida justa que le corresponde, contribuya al bien de la entera sociedad.

En la Biblia abundan los datos acerca del sentido y de la obligación de pagar tributos. Instalados en la tierra prometida, los israelitas debían pagar «el diezmo» para atender alas necesidades de los demás, como «ayudar al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano (Dt 26,12). El Eclesiástico anima a los ciudadanos a que paguen los tributos y lo hagan con alegría (Eccl 15,5-10).

En el Nuevo Testamento, la pregunta sobre la obligación de pagar el tributo que los fariseos y herodianos proponen a Jesús (Mt 22,15-22) y la cuestión sobre si Él pagaba o no el impuesto del didracma (Mt 17,24-27), muestran hasta que punto la obligación de los impuestos estaba presente en la conciencia del israelita. Más tarde, los Apóstoles urgen a los bautizados a que paguen el tributo que marcan las leyes del Imperio (1 Pet 2,13-17; Rom 13,6-7).

A partir de estas enseñanzas bíblicas, los cristianos se sintieron obligados a contribuir al bien común con el pago justo a la hacienda pública. El filósofo y apologista san Justino defiende la ciudadanía de los cristianos, dado que pagan tributos como todos los demás ciudadanos del Imperio: “En cuanto a tributos y contribuciones, nosotros procuramos pagarlos en todas pares, tal como fuimos por Él enseñados”10.

La moral católica enseña que las leyes fiscales obligan en conciencia, siempre que sean justas. Y para medir la justicia de estas leyes, los teólogos ofrecen los siguientes criterios: que la ley sea emitida por la autoridad competente; que la causa que motiva los impuestos sea justa; que exista la debida proporción con los ingresos; que los fines a los que se dedique el dinero recaudado sean honestos y que haya transparencia en la administración de lo recaudado.

Es evidente que no siempre es fácil discernir y graduar el valor de estos criterios morales. Además, es un hecho que las leyes fiscales admiten diversas interpretaciones. En conjunto, la conciencia del creyente se mueve en estos dos límites: entre la obligación de cumplir la ley con el fin de contribuir al bien común y la presión fiscal que en ocasiones se excede en su afán de recaudar. Juan Pablo II afirmó que en ocasiones los ciudadanos «son victimas de injusticias en la deducción del impuesto», por lo que debe examinarse la justicia de esas leyes y en todo caso se debe «hacer valer sus derechos y defenderlos»11.

La participación en la vida política

A partir de los principios ya expuestos, tales como la socialidad radical de la persona, la importancia de la vida social, el alcance de la política para la existencia de los pueblos, la significación del bien común, la influencia de las leyes para la paz social, etc. se exige que todos los ciudadanos colaboren al bien de la convivencia. Pues bien, a esa suma de intereses, el cristiano añade la obligación de preocuparse por el bien de todos los hombres, en virtud del mandamiento del amor. Por eso, es obligación de conciencia que todos los cristianos se comprometan, cada uno en la misi6n que les atañe, en contribuir al bien de la sociedad. A su vez, la Iglesia invita a quienes tengan cualidades para ello que se comprometan en la vida pública de los pueblos. El Concilio Vaticano II enseña:

«La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades» (GS 75).

Esta doctrina se repite en otros Documentos. Baste esta cita expresa de uno de los últimos textos magisteriales, la Exhortación Apostólica Christifideles laici:

«Para animar cristianamente el orden temporal -en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad- los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la “política”; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como repetidamente han afirmado los Padres sinodales, todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifica lo mas mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública» (ChI 42).

El último Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe12 llama la atención sobre este mismo deber, al mismo tiempo que urge la conciencia de los políticos católicos para que, en la elaboración de las leyes y en su acción en la vida pública -aun teniendo en cuenta la autonomía de la política-, actúen siempre de acuerdo con las enseñanzas morales de la Iglesia.

En concreto, la Nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe enseña que los católicos no pueden ceder al relativismo laicista en cuestiones que suponen «exigencias éticas fundamentales e irrenunciables», tales como las que se refieren «al aborto y a la eutanasia»; lo que concierne a los derechos relativos al «embrión», a la «salvaguardia, tutela y promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio»; lo relativo a la defensa de “la libertad de los padres en la educación de sus hijos” y «la tutela social de los menores»; lo que concierne a la «liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud, la protección del «derecho de la libertad religiosa» y todo lo relativo a la «paz».

Ante el relativismo ético que impera en tantos ambientes de la sociedad, la Nota precisa:

“La concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y moral natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común. La libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor”.

Por ello, el católico no puede colaborar y menos aún contribuir al mal. Más aún, en la medida en que guía una conducta cristiana, contribuye a poner las bases de una verdadera vida democrática, basada en la verdad y en el bien. Y con ello favorece la implantación de la verdadera democracia:

«La concepción del pluralismo en clave de relativismo moral es nociva para la misma vida democrática, pues esta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son negociables».

En relación a la Cooperación al mal, la Nota advierte que los católicos «deben oponerse a toda ley que atente contra la vida humana». Asimismo, recuerda que para «todos los católicos vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto». Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que «la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave» (CEC 2272). También condena la «Cooperación voluntaria al suicidio» (CEC 2282) y cualquier tipo de cooperación directa «a la producción clandestina y al tráfico de drogas» (CEC 2201).

Ante las injusticias flagrantes que existen en el mundo, una de las tareas mas urgentes de los cristianos es trabajar para que todos los hombres alcancen el bienestar que les permite llevar una vida digna. Para ello deben tener la posibilidad de alcanzar y ejercer todos sus derechos. Un santo de nuestro tiempo concreta los siguientes: «No podemos jamás dejar de ejercitar la justicia, con heroísmo si es preciso (…). Hemos de sostener el derecho de todos los hombres a vivir, a poseer lo necesario para llevar una existencia digna, a trabajar y a descansar, a elegir estado, a formar un hogar, a traer hijos al mundo dentro del matrimonio y poder educarlos, a pasar serenamente el tiempo de la enfermedad o de la vejez, a acceder a la cultura, a asociarse con los demás ciudadanos para alcanzar fines lícitos, y, en primer término, a conocer y amar a Dios con plena libertad, porque la conciencia -si es recta- descubrirá las huellas del Creador en todas las cosas»13.


Notas:

1 LACTANCIO, lnstituciones divinas V, 5. PL 5, 564-566.
2 Cf. D MELÉ, Cristianos en la sociedad. Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia. Rialp Madrid 2000, 154-a61.
3 Santo TÖMAS DE AQUINO, Suma. Teológica, 11-11, q. 58, a. 1.
4 Sobre la importancia del «bien común» en la Doctrina Social de la Iglesia, cf. D. MELE, o. c., 72-76.
5 Pío XII, Summi pontificatus, 54, en Documentos Políticos. BAC. Madrid, 1959, 782-783.
6 El tema se trata más extensamente en D. Mele, 0. c., 81-89; 172-175.
7 J. ESCRIVÁDE BALAGUER, Amigos de Dios. Ed. Rialp. Madrid 1978, n.178.
8 San AGUSTÍN, Carta 203, 20. PL 33, 662.
9 Cf. D. MELÉ, o. c., 169-183.
10 San JUSTINO, I Apología 27, I. PG 6, 371.
11 JUAN PABLO II, Discurso a los asesores fiscales (8-Xl-1980), “Ecclesia” 2007 (1980) 1451.
12 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública. Ciudad del Vaticano 24-XI-2002.
13 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, , o. c., n. 171.

Séptimo Mandamiento


No robarás (Ex 20,15; Dt 5,19).

No robarás (Mt 19,18).

2401 Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo.

I EL DESTINO UNIVERSAL Y LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS BIENES

2402 Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tenga cuidado de ellos, los domine mediante su trabajo y se beneficie de sus frutos (cf Gn 1,26-29). Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres.

2403 El derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio.

2404 “El hombre, al servirse de esos bienes , debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no sólo a él, sino también a los demás” (GS 69,1). La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos.

2405 Los bienes de producción -materiales o inmateriales- como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus posesores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre.

2406 La autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad (cf GS 71,4; SRS 42; CA 40; 48).


II EL RESPETO DE LAS PERSONAS Y DE SUS BIENES

2407 En materia económica el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo; de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido; y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la liberalidad del Señor, que “siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza” (2 Co 8,9).


El respeto de los bienes ajenos

2408 El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales (alimento, vivienda, vestido…) es disponer y usar de los bienes ajenos (cf GS 69,1).

2409 Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio (cf Dt 25, 13-16), pagar salarios injustos (cf Dt 24,14-15; St 5,4), elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas (cf Am 8,4-6).

Son también moralmente ilícitos, la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno; la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho; la apropiación y el uso privados de los bienes sociales de una empresa; los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro. Infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige reparación.

2410 Las promesas deben ser cumplidas, y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas o morales. Así, los contratos comerciales de venta o compra, los contratos de alquiler o de trabajo. Todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe.

2411 Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa, que regula los intercambios entre las personas y entre las instituciones, en el respeto exacto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente; exige la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y la prestación de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia.

La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y de la justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades.

2412 En virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario:

Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución: “si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo” (Lc 19,8). Los que, de manera directa o indirecta, se han apoderado de un bien ajeno, están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente. Están igualmente obligados a restituir, en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera en el robo, o se han aprovechado de él a sabiendas; por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto.

2413 Los juegos de azar (de cartas, etc.) o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo.

2414 El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que, por una u otra razón, egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conduce a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a un objeto de consumo o a una fuente de beneficio. S. Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano “no como esclavo, sino…como un hermano…en el Señor” (Flm 16).


El respeto de la integridad de la creación

2415 El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura (cf Gn 1,28-31). El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto; está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo comprendidas las generaciones venideras; exige un respeto religioso de la integridad de la creación (cf CA 37-38).

2416 Los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial (cf Mt 6,16). Por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria (cf Dn 3,57-58). También los hombres les deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales S. Francisco de Asís o S. Felipe Neri.

2417 Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen (cf Gn 2,19-20; 9,1-4). Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables, si se mantienen dentro de límites razonables y contribuyen a curar o salvar vidas humanas.

2418 Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y gastar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían más bien remediar la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales; pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos.


III LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

2419 “La revelación cristiana…nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social” (GS 23,1). La Iglesia recibe del evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas; y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina.

2420 La Iglesia expresa un juicio moral, en materia económica y social, “cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas” (GS 76,5). En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas: ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al soberano Bien, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas.

2421 La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX cuando se produce el encuentro entre el evangelio y la sociedad industrial moderna, sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad. El desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su Tradición siempre viva y activa (cf. CA 3).

2422 La enseñanza social de la Iglesia comprende un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús con la asistencia del Espíritu Santo (cf SRS 1; 41). Esta enseñanza resulta tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad cuanto más inspira la conducta de los fieles.

2423 La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción:

Todo sistema, según el cual las relaciones socia les estarían determinadas enteramente por los factores económicos es contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos (cf CA 24).

2424 Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social (cf GS 63,3; LE 7; CA 35).

Un sistema que “sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción” es contrario a la dignidad del hombre (cf GS 65). Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios de lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. “No podéis servir a Dios y al Dinero” (Mt 6,24; Lc 16,13).

2425 La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al “comunismo” o “socialismo”. Por otra parte, ha reprobado en la práctica del “capitalismo” el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano (cf CA 10, 13.44). La regulación de la economía únicamente por la planificación centralizada pervierte en la base los vínculos sociales; su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque “existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado” (CA 34). Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y atendiendo al bien común.

IV LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA JUSTICIA SOCIAL

2426 El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a remediar las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder; está ante todo ordenada al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos, debe moverse dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre (cf GS 64).

2427 El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra (cf Gn 1,28; GS 34; CA 31). El trabajo es, por tanto, un deber: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma” (2 Ts 3,10; cf. 1 Ts 4,11). El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor. Soportando el peso del trabajo (cf Gn 3,14-19), en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su Obra redentora. Se muestra discípulo de Cristo llevando la Cruz cada día, en la actividad que está llamado a realizar (cf LE 27). El trabajo puede ser un medio de santificación y una animación de las realidades terrenas en el espíritu de Cristo.

2428 En el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo (cf LE 6).

Cada uno debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana.

2429 Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica, y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común (cf CA 32; 34).

2430 La vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos entre sí. Así se explica el surgimiento de conflictos que la caracterizan (cf LE 11). Será preciso esforzarse para reducir estos últimos mediante la negociación, que respete los derechos y los deberes de cada parte: los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, organizaciones sindicales y, en caso necesario, los poderes públicos.

2431 La responsabilidad del Estado. “La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente…Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico; pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad” (CA 48).

2432 Los responsables de las empresas ostentan ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones (CA 37). Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias; permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas, y garantizan los puestos de trabajo.

2433 El acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos sin discriminación injusta, hombres y mujeres, sanos y disminuidos, autóctonos e inmigrados (cf. LE 19; 22-23). En función de las circunstancias, la sociedad debe por su parte ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo (cf. CA 48).

2434 El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia (cf Lv 19,13; Dt 24,14-15; St 5,4). Para determinar la remuneración justa se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. “El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común” (GS 67,2). El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente el importe del salario.

2435 La huelga es moralmente legítima cuando se presenta como un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados a las condiciones de trabajo o contrarios al bien común.

2436 Es injusto no pagar a los organismos de seguridad social las cotizaciones establecidas por las autoridades legítimas.

La privación de empleo a causa de la huelga es casi siempre para su víctima un atentado contra su dignidad y una amenaza para el equilibrio de la vida. Además del daño personal padecido, de esa privación se derivan riesgos numerosos para su hogar (cf. LE 18).


V JUSTICIA Y SOLIDARIDAD ENTRE LAS NACIONES

2437 En el plano internacional la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero “abismo” (SRS 14). Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento, y por otro, los que acumulan deudas.

2438 Diversas causas, de naturaleza religiosa, política, económica y financiera, confieren hoy a la cuestión social “una dimensión mundial” (SRS 9). La solidaridad es necesaria entre las naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los “mecanismos perversos” que obstaculizan el desarrolla de los países menos avanzados (cf SRS 17; 45). Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos, si no usureros (cf CA 35), las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos, por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico “fijando de nuevo las prioridades y las escalas de valores” (CA 28).

2439 Las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo, o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Es un deber de solidaridad y de caridad; es también una obligación de justicia si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados justamente.

2440 La ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas por ejemplo por catástrofes naturales, epidemias, etc. Pero no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan mejor relaciones equitativas con los países menos desarrollados (cf SRS 16). Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación (cf CA 26). Esta doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el Tercer Mundo, forman la masa preponderante de los pobres.

2441 Acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. Este multiplica los bienes materiales y los pone al servicio de la persona y de su libertad. Disminuye la miseria y la explotación económicas. Hace crecer el respeto de las identidades culturales y la apertura a la trascendencia (cf SRS 32; CA 51).

2442 No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos “animar, con su compromiso cristiano, las realidades y, en ellas, procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia” (SRS 47; cf 42).

VI EL AMOR DE LOS POBRES

2443 Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo: “a quien te pide da, al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda” (Mt 5,42). “Gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt 10,8). Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres (cf Mt 25,31-36). La buena nueva “anunciada a los pobres” (Mt 11,5; Lc 4,18) es el signo de la presencia de Cristo.

2444 “El amor de la Iglesia por los pobres…pertenece a su constante tradición ” (CA 57). Está inspirado en el Evangelio de las bienaventuranzas (cf Lc 6,20-22), en la pobreza de Jesús (cf Mt 8,20), y en su atención a los pobres (cf Mc 12,41-44). El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de “hacer partícipe al que se halle en necesidad” (Ef 4,28). No abarca sólo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa (cf CA 57).

2445 El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta:

Ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados; vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad: el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando; y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a a los placeres; habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo; él no os resiste (St 5,1-6).

2446 S. Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente: “No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que tenemos no son nuestros bienes, sino los suyos” (Laz. 1,6). “Satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia” (AA 8):

Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia (S. Gregorio Magno, past. 3,21).

2447 Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf. Is 58,6-7; Hb 13,3). Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras de misericordia espiritual, como perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporal consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos (cf Mt 25,31-46). Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres (cf Tb 4, 5-11; Si 17,22) es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios (cf Mt 6,2-4):

El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer que haga lo mismo (Lc 3,11). Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros (Lc 11,41). Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: “id en paz, calentaos o hartaos”, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? (St 2,15-16; cf. 1 Jn 3,17).

2448 “Bajo sus múltiples formas -indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o síquicas y, por último, la muerte- la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad de salvación. Por ello, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los `más pequeños de sus hermanos” . También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que, desde los orígenes, y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia, que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables” (CDF, instr. “Libertatis conscientia” 68).

2449 En el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas (año jubilar, prohibición del préstamo a interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago del jornalero, derecho de rebusca después de la vendimia y la siega) responden a la exhortación del Deuteronomio: “Ciertamente nunca faltarán pobres en este país; por esto te doy yo este mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra” (Dt 15,11). Jesús hace suyas estas palabras: “Porque pobres siempre tendréis con vosotros; pero a mí no siempre me tendréis” (Jn 12,8). Con esto, no hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos: “comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias…” (Am 8,6), sino nos invita a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos (cf Mt 25,40):

El día en que su madre le reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó: “cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús”.


RESUMEN

2450 “No robarás” (Dt 5,19). “Ni los ladrones, ni los avaros…ni los rapaces heredarán el Reino de Dios” (1 Co 6,10).

2451 El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres.

2452 Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. El derecho a la propiedad privada no anula el destino universal de los bienes.

2453 El séptimo mandamiento prohíbe el robo. El robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable del dueño.

2454 Toda manera de tomar y de usar injustamente el bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado.

2455 La ley moral proscribe los actos que, con fines mercantiles o totalitarios, llevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como mercancías.

2456 El dominio, concedido por el Creador, sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo, no puede ser separado del respeto de las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos los de las generaciones venideras.

2457 Los animales están confiados a la administración del hombre que les debe aprecio. Pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre.

2458 La Iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Se cuida del bien común temporal de los hombres en razón de su ordenación al soberano Bien, nuestro fin último.

2459 El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. El punto decisivo de la cuestión social consiste en que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho a todos, según la justicia y con la ayuda de la caridad.

2460 El valor primordial del trabajo atañe al hombre mismo que es su autor y su destinatario. Mediante su trabajo, el hombre participa en la obra de la creación. Unido a Cristo, el trabajo puede ser redentor.

2461 El desarrollo verdadero es el del hombre entero. Se trata de hacer crecer la capacidad de cada persona de responder a su vocación, por tanto, a la llamada de Dios (cf CA 29).

2462 La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios.

2463 En la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola (cf Lc 16,19-31). En dicha multitud hay que oír a Jesús que dice: “Cuanto dejásteis de hacer con uno de estos, también conmigo dejásteis de hacerlo” (Mt 25,45).